El futuro inmediato del proyecto AMIGO GNL, una terminal de exportación de gas natural licuado proyectada para instalarse en Guaymas, quedó en suspenso luego de que un juzgado federal ordenara detener temporalmente su proceso de autorización ambiental.
La medida fue concedida dentro de un juicio de amparo promovido por las organizaciones civiles Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19, las cuales cuestionan la forma en que se desarrolló la evaluación ambiental del proyecto y el acceso de la ciudadanía a la información relacionada con la iniciativa.
Con la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) deberá abstenerse de emitir cualquier autorización en materia de impacto ambiental hasta que exista una resolución de fondo sobre el caso.
Las organizaciones promoventes sostienen que durante el procedimiento no se garantizó el acceso completo y oportuno a la información ambiental, además de señalar posibles deficiencias en el mecanismo de consulta pública que se realizó para analizar el proyecto.
AMIGO GNL contempla la exportación de más de 5.1 millones de toneladas anuales de gas natural licuado hacia mercados internacionales mediante infraestructura terrestre y marítima que sería desarrollada en Guaymas.
De acuerdo con los grupos opositores, la operación implicaría el tránsito constante de embarcaciones especializadas para el transporte de gas natural, actividades de dragado y posibles impactos sobre ecosistemas marinos del Golfo de California.
La discusión ocurre en una de las regiones con mayor riqueza biológica del país, donde diversas organizaciones ambientales han manifestado preocupación por posibles afectaciones a especies marinas que utilizan esta zona para alimentación, reproducción y migración.
Durante la consulta pública realizada meses atrás, miles de ciudadanos presentaron observaciones técnicas relacionadas con la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, así como cuestionamientos sobre los efectos acumulativos que podría generar junto con otras obras de infraestructura energética en la región.
Mientras tanto, promotores de la inversión consideran que el proyecto representa una oportunidad de desarrollo económico y generación de actividad productiva para Sonora, especialmente en el puerto de Guaymas.
Por ahora, la suspensión judicial mantiene detenido cualquier avance en materia de autorización ambiental. El caso continuará en tribunales, donde se determinará si durante el procedimiento se respetaron plenamente los derechos de acceso a la información y participación pública establecidos en la legislación mexicana.
La resolución final podría marcar el rumbo de uno de los proyectos energéticos más relevantes que actualmente se plantean para Sonora y el noroeste del país.
