Dudas
En efecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño tiene razón al reconocer el derecho a la duda de los habitantes de comunidades del Río Sonora sobre al anuncio una vez más de acciones de gobierno para remediar los efectos del derrame de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora.
Este seis de agosto pasado se cumplieron 12 años del considerado peor desastre ambiental de la minería en México al desplazarse al menos 271 kilómetros los detritos tóxicos arrastrados por los ríos Bacanuchi y Sonora, con graves efectos para alrededor de 25 mil habitantes de los municipios de Cananea, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
Lixiviados de sulfato de cobre con metales pesados como arsénico, aluminio y plomo invadieron parcelas rivereñas, pozos de agua potable e incluso llegaron al vaso de la presa El Molinito, con graves efectos en las actividades productivas de la región en el marco de una crisis de salud pública que durante años solo encontraron actos de simulación gubernamental sin emprender las acciones recomendadas y comprometidas de origen luego de la tragedia ecológica.
La alta influencia del propietario del consorcio minero, Germán Larrea fue un valladar imposible de superar incluso a partir de 2018, con un Andrés Manuel López Obrador sin mover un dedo para atender exigencias ciudadanas para que se concretara la instalación de potabilizadoras; avanzar en la construcción y equipamiento de un hospital y estación de análisis ambiental y calidad del agua en Ures.
No atendió las solicitudes de apoyo de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich y tampoco las de Durazo Montaño en los primeros tres años de gestión, aunque esporádicamente se hacían anuncios de que por fin ahora sí se iba hacer algo, así como ahora pues, pero en esta ocasión con más claros visos de veracidad de que con Claudia Sheinbaum en la presidencia, los anuncios sí se convertirán en hechos.
Anduvo por estos rumbos la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, quien junto al gobernador Durazo realizaron una visita a Ures, desde donde aseguraron que, con una inversión de 654 millones de pesos, en algún día de septiembre próximo, darán arranque trabajos técnicos de remediación de suelos y sedimentos potencialmente contaminados en la Cuenca del Río Sonora, con el objetivo de concluir esta primera etapa al cierre de 2026.
Se trata de garantizar salud, así como un entorno y agua limpios para las comunidades afectadas, sin dejar de lado la colocación de otra primera piedra hace unos días del hospital en Ures, el cual ha sido objeto de reiterados anuncios durante los últimos años.
El gobernador Durazo Montaño destacó que la solución ha sido resultado de una gestión permanente ante el Gobierno de México y del compromiso de la presidente Sheinbaum para atender un problema que durante 12 años permaneció sin una solución integral.
Recordó que, desde diciembre de 2024, la presidenta instruyó establecer un programa con tiempos, recursos y responsables para atender la problemática del Río Sonora, además de acciones en materia de salud, agua, remediación y no repetición y ocho meses después inicia el cumplimiento de ese compromiso, con la esperanza de los habitantes de esa región de que no se trate de un conato más.
“Después de 12 años, tienen derecho a dudar. Pero francamente, no somos iguales y por eso estamos aquí dándoles la cara. Lo importante es que de aquí nos vayamos con la convicción y el compromiso de que tenemos que continuar dialogando, platicando, poniendo sobre la mesa soluciones con el mejor ánimo, con buena fe y con la certeza de que de parte del gobierno federal y del gobierno del estado van a encontrar, invariablemente, un claro compromiso de resolver a fondo un pendiente que viene del 2014.”, expresó.
El programa de acción ya tiene asegurados los recursos financieros y contempla la revisión de más de 5 mil muestras históricas y la realización de nuevos estudios conforme a las normas ambientales aplicables, con participación de los comités de Cuenca.
La remediación se desarrollará en tres grandes fases: diagnóstico y caracterización; manejo y disposición de los materiales contaminados; y vigilancia y monitoreo para evitar que vuelvan a generarse riesgos ambientales.
Desde nuestra perspectiva, en buena hora para los habitantes de esa emblemática región de Sonora, porque por fin parece convertirse en realidad algo que durante 12 años ha estado en pausa, aunque lo malo del asunto es que al gobernador le queda solo un poco más de un año de gestión y difícilmente logrará solución integral de fondo.
Pero al menos se percibe que ahora todo lo anunciado no será un eslabón más de la cadena de omisiones, complicidades y corruptelas características a partir de aquel 6 de agosto de 2014 y si bien las dudas persisten, se advierte otro ambiente y políticas públicas más decididas y más allá del tradicional anuncio que nunca se concreta.