El ejercicio del periodismo en México sigue siendo una actividad de alto riesgo. Durante los primeros seis meses de 2026, al menos seis comunicadores han sido asesinados, mientras organizaciones nacionales e internacionales advierten que persisten la impunidad, las agresiones y las fallas en los mecanismos de protección para la libertad de expresión.
El caso más reciente es el de Josué Martínez Contreras, periodista, académico y abogado de 39 años, asesinado el 17 de julio en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. De acuerdo con una investigación publicada por El País, el comunicador viajaba acompañado de su hijo de 13 años cuando fue atacado. El menor pidió ayuda tras la agresión, pero los servicios de emergencia confirmaron que Martínez ya no tenía signos vitales.
Con este homicidio suman seis periodistas asesinados en lo que va de 2026. La lista incluye a Manuel Alejandro Moreno Serna, ultimado el 3 de julio en Zihuatanejo, Guerrero; Roxana Berenice Guzmán, de Veracruz, quien fue privada de la libertad y posteriormente localizada sin vida; Luis Ángel López Valdez, asesinado el 11 de junio en Poza Rica; Juan David Gámez, muerto en marzo en Nuevo León, y Carlos Castro, asesinado el 8 de enero también en Poza Rica.
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que abrió una investigación por el asesinato de Josué Martínez. Sin embargo, el caso ha generado mayor atención porque el periodista había denunciado públicamente presuntos actos de hostigamiento por parte de autoridades municipales y personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En un video difundido en noviembre de 2025, Martínez aseguró que funcionarios acudieron a su domicilio para reclamar un supuesto adeudo por consumo de agua, pese a que mostró comprobantes de pago. También afirmó haber pagado una multa de seis mil pesos y sostuvo que las presiones estaban relacionadas con sus publicaciones sobre presuntas tomas clandestinas y falta de transparencia en el manejo del sistema de agua potable de su municipio.
Tras el crimen, Reporteros Sin Fronteras (RSF) cuestionó la respuesta de las autoridades mexicanas frente a la violencia contra la prensa. Artur Romeu, director de la organización para América Latina, señaló que abrir investigaciones después de cada asesinato resulta insuficiente y pidió al Gobierno federal aplicar medidas efectivas de prevención, protección y rendición de cuentas.
Otro caso que mantiene la atención de organizaciones defensoras de la libertad de expresión es el de Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz. Su secuestro quedó grabado en video cuando hombres armados irrumpieron en su vivienda y se la llevaron por la fuerza.
Un mes después, sus restos fueron encontrados en un rancho del municipio de Moloacán. Hasta ahora, ocho personas han sido detenidas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
Las organizaciones defensoras de periodistas subrayan que, de los seis asesinatos registrados este año, sólo el caso de Roxana Guzmán tiene personas detenidas. Consideran que la falta de resultados en las investigaciones fortalece el clima de impunidad y deja en mayor vulnerabilidad a quienes trabajan en medios locales.
Además de los homicidios, durante 2026 se han documentado múltiples agresiones contra comunicadores en distintas entidades. Entre ellas se encuentran el ataque armado contra César Millán Lafarga en Culiacán; el atentado contra Óscar Merino Ruiz en Oaxaca, quien sobrevivió tras permanecer hospitalizado; amenazas contra Juan Manuel Partida Valdez en Sinaloa; el borrado de material periodístico y presuntas intimidaciones de elementos de la Secretaría de Marina contra reporteros de Tamaulipas; el ataque contra Marcos Ramos en Chiapas y un intento de allanamiento al domicilio del periodista independiente Ángel Maldonado en Coahuila.
A la violencia se suman las condiciones laborales que enfrentan muchos comunicadores fuera de la Ciudad de México. Datos oficiales citados por el reporte señalan que el ingreso promedio mensual de autores, periodistas y traductores ronda los 8 mil pesos, con jornadas cercanas a las 38 horas semanales, lo que obliga a numerosos profesionales a buscar otras actividades para sostenerse económicamente.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 han advertido que, además de la violencia física, en diversas entidades se impulsan medidas legales y administrativas que podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión. También reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, combatir la impunidad y garantizar condiciones seguras para el trabajo periodístico en México.
