La presidenta anunció que el próximo 2 de marzo se presentará una nueva versión de la reforma electoral. En tres ocasiones, sus aliados han solicitado modificaciones y las diferencias internas han impedido que el proyecto llegue a las Cámaras. Morena no cuenta con los votos suficientes para aprobarla sin el respaldo de sus partidos aliados.
La iniciativa forma parte del llamado Plan C, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y avalado en campaña por Claudia Sheinbaum, que plantea reformas estructurales para modificar el sistema político, judicial y social del país.
Con más de dos meses de retraso debido a las tensiones dentro de la coalición gobernante, los ejes centrales de la reforma se concentran en cambiar el sistema de representación, reducir los costos de las elecciones y modernizar al Instituto Nacional Electoral (INE).
Las principales críticas se han centrado en la propuesta de modificar el sistema de representación, particularmente en la eliminación de los legisladores plurinominales y la reducción de 32 senadores electos por esta vía. Actualmente, el Senado cuenta con 128 integrantes; con la reforma, quedaría integrado por 96.
Partidos como Movimiento Ciudadano han advertido que esta reducción afecta de manera directa a las fuerzas minoritarias, que tendrían mayores dificultades para acceder a un escaño, beneficiando a los partidos mayoritarios y reduciendo la pluralidad en la llamada Casa del Federalismo.
Desde Morena, en cambio, se argumenta que el Senado representa el pacto federal y que basta con contar con tres senadores por estado para garantizar una representación justa. Los métodos de elección se mantendrían sin cambios; la diferencia radica en la desaparición de los plurinominales.
La eliminación de esta figura ha sido una demanda constante de la presidenta. Bajo su lógica de democracia participativa, no debería ocupar un cargo legislativo quien no haya sido votado directamente. Sheinbaum ha sido crítica de las listas cerradas de plurinominales y ha señalado que históricamente los partidos han abusado de ellas para otorgar posiciones a personajes sin respaldo popular.
En el caso de la Cámara de Diputados, la iniciativa mantiene su composición actual: 500 diputados, de los cuales 300 serán electos en distritos federales. De los 200 restantes, 95 se elegirán mediante un método utilizado en algunas democracias parlamentarias europeas, a través de listas abiertas. Cada partido presentará su lista en la boleta y los ciudadanos elegirán a un hombre y una mujer de dicha lista. Con ello se busca preservar la pluralidad y asegurar que cada legislador cuente con respaldo ciudadano, evitando que se acceda a un escaño sin campaña en territorio.
Una de las novedades es que ocho diputaciones serían asignadas a representantes de mexicanos en el exterior. Los ciudadanos residentes fuera del país elegirían a legisladores que compartan su condición. Los 97 espacios restantes se asignarían a los llamados “mejores perdedores”, es decir, candidatos con alto desempeño electoral que no hayan ganado su distrito.
La reforma también contempla modificar la integración de los ayuntamientos, reduciendo el número de regidores y estableciendo que su cantidad sea proporcional al número de habitantes de cada municipio.
Las principales diferencias con el Partido Verde Ecologista de México, aliado clave para aprobar la reforma, se concentran en el financiamiento público. La iniciativa plantea reducir en 25% el costo electoral, lo que implicaría recortes al financiamiento de los partidos, al presupuesto del INE y la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Los dirigentes del Partido Verde, Arturo Escobar y Manuel Velasco, han señalado que una reducción de recursos resulta injusta, pues beneficiaría al partido que ya recibe más financiamiento, en este caso Morena. Escobar incluso propuso que todos los partidos, independientemente del número de votos obtenidos, reciban la misma cantidad de recursos para garantizar una competencia equitativa. El temor del Verde es que la reforma rompa la igualdad de condiciones y favorezca de manera desproporcionada al partido gobernante.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) ha adelantado que no acompañará la reforma, al considerar que omite un tema central para la democracia mexicana: el combate al financiamiento ilícito en las campañas. Legisladores panistas han propuesto que cualquier candidato al que se le compruebe el uso de recursos ilegales sea expulsado de la contienda y separado de manera definitiva del servicio público. La preocupación se origina en el incremento de la violencia política y en el riesgo de que el crimen organizado influya en los procesos electorales para capturar espacios de poder.
Desde Morena, algunos legisladores han señalado que estas propuestas del PAN podrían incorporarse dentro del eje de modernización del sistema electoral, con el objetivo de fortalecer las capacidades del INE para auditar y fiscalizar con mayor precisión el origen y uso de los recursos en campaña.
Aunque la reforma todavía no ha sido presentada ni enviada al Congreso de la Unión para su aprobación, líderes históricos de la política mexicana y exconsejeros del Instituto Nacional Electoral han expuesto sus análisis. El excandidato a la Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, advirtió que una reforma electoral impulsada desde el poder puede resultar riesgosa si no incorpora la visión de otras fuerzas políticas, pues disminuiría su pluralidad. Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han señalado que reducir los costos de la democracia puede ser contraproducente, ya que una democracia barata, sin mecanismos sólidos de control, termina beneficiando al poder.
El senador Manlio Fabio Beltrones sostuvo que la reforma no atiende el problema de la sobrerrepresentación, lo que distorsiona la voluntad popular en las coaliciones, y adelantó que presentará una contrarreforma para corregir esa situación.
Actualmente, la coalición gobernante cuenta con 73% de representación en la Cámara de Diputados, aunque en la elección obtuvo 41% de los votos.
