Ciudad de México.— Los nuevos señalamientos surgidos desde Estados Unidos colocaron nuevamente a figuras cercanas a Morena bajo el reflector, entre ellas Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Ante la controversia, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, fijó la postura del partido y afirmó que serán las autoridades correspondientes las que deberán determinar si existe alguna conducta que deba investigarse.
“No somos tapadera de nadie”, sostuvo la dirigente morenista al referirse a los señalamientos.
La declaración ocurre en medio de nuevos reportes relacionados con Andy López Beltrán y con Carlos Torres, después de que autoridades estadounidenses emitieran señalamientos contra este último por presuntos vínculos con una organización criminal.
¿Qué ocurre con Andy López Beltrán?
El nombre de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a aparecer en la discusión pública luego de que se reportara que agencias estadounidenses estarían revisando información relacionada con posibles vínculos con actividades ilícitas.
De acuerdo con reportes publicados este martes, las autoridades estadounidenses analizarían posibles conexiones con redes de contrabando de combustible y crimen organizado. Sin embargo, los mismos reportes señalan que no existe una acusación formal en su contra derivada de esas indagatorias.
López Beltrán ha rechazado anteriormente cualquier relación con actividades delictivas y ha sostenido públicamente que los señalamientos buscan afectar su imagen y la de su padre.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también ha respaldado al hijo del expresidente y ha cuestionado la utilización de decisiones de Estados Unidos como elemento de presión política.
El caso de Carlos Torres y Marina del Pilar
En el caso de Baja California, los señalamientos estadounidenses están dirigidos contra Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Torres y a su hermano Luis Alfonso por presuntos vínculos con una organización criminal. Torres ha rechazado las acusaciones y ha anunciado que buscará aclarar su situación ante las autoridades.
La situación generó también cuestionamientos sobre la gobernadora Marina del Pilar, debido a su relación previa con Torres.
Sin embargo, el Gobierno de Baja California ha señalado que ambos están divorciados desde octubre de 2025 y que la mandataria no tiene relación con las actividades que Estados Unidos atribuye a su exesposo.
Morena: las autoridades deberán investigar
Ante este escenario, Ariadna Montiel sostuvo que Morena no tiene facultades para determinar responsabilidades penales y que cualquier posible delito debe ser investigado por las instituciones encargadas de procurar justicia.
La dirigente nacional del partido insistió en que Morena no actuará como tribunal y que tampoco pretende encubrir a personas señaladas por autoridades nacionales o extranjeras.
La postura abre ahora la puerta a que cualquier elemento que exista sobre los casos sea revisado mediante los procedimientos institucionales correspondientes.
El mensaje de Montiel ocurre mientras aumentan los cuestionamientos sobre la relación entre figuras políticas, empresarios y personas señaladas por autoridades estadounidenses.
¿Qué sigue?
Por ahora, el punto central será determinar qué información puede ser presentada formalmente ante las autoridades mexicanas y si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar investigaciones.
En el caso de Andy López Beltrán, los reportes conocidos hasta ahora hablan de indagatorias y señalamientos, pero no de una acusación penal formal en su contra.
En el caso de Carlos Torres, las autoridades estadounidenses ya hicieron públicos señalamientos relacionados con presuntos vínculos criminales, mientras que el empresario ha rechazado las acusaciones.
Morena, por su parte, sostiene que no corresponde al partido determinar responsabilidades y que serán las autoridades competentes quienes deberán establecer si existe algún delito.
La controversia continúa y podría tener nuevas consecuencias políticas y judiciales conforme avance el intercambio de información entre México y Estados Unidos.
