Michoacán vuelve a mostrar la realidad de nuestro país; por más que SEDENA puede desplegar soldados para proteger la exportación, todavía no logra ni con todo el Estado Mexicano desmantelar el cobro criminal que asfixia al productor, eso que conocemos como extorsión. La Secretaría de la Defensa envió 1,557 elementos, 900 del Ejército y 657 de la Guardia Nacional, a la famosa zona aguacatera para vigilar huertas, empaques, carreteras y puntos de inspección; el objetivo oficial fue inhibir la extorsión y proteger a productores, empacadores y transportistas.
La medida llegó después de golpes relevantes contra operadores criminales, hay que reconocerlo; en Michoacán, las autoridades estatales reportaron la detención de Alfonso “N”, alias “La Quiringua”, identificado como operador en Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Cotija y Tingüindín, vinculado a extorsión y distribución de drogas; también se informó la captura de Ramón “N”, alias “El R1”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Pero ese mismo domingo, en Zamora, se presentó un desafortunado ataque armado en el bar El Nuevo Quijote dejando cuatro muertos y tres heridos; según lo que se reporta, peritos aseguraron 36 casquillos, principalmente calibre 9 milímetros.
Ahí está el contraste, se detienen mandos, los militares en las rutas y se reanuda la exportación, pero la violencia cotidiana sigue respirando en los bares, carreteras, empacadoras, huertas y en la mayoría de las comunidades. La pregunta no es si México está haciendo algo; sí lo están haciendo, la pregunta es si está combatiendo la extorsión como estructura criminal o sólo protegiendo el tramo que le importa a Washington y a los americanos, el tramo que les conviene, la cadena de exportación.
Estados Unidos entiende muy bien el valor estratégico del aguacate, recordemos que tras suspender operaciones oficiales en Michoacán por una amenaza a intereses estadounidenses, reanudó parcialmente inspecciones cuando México reforzó la vigilancia. El embajador Ronald Johnson dijo en ese momento que “un sector agrícola seguro beneficia a ambas naciones” porque garantiza alimentos, cadenas de suministro y prosperidad económica, por que no decirlo, el superbowl y festividades nacionales en USA. AP recordó que más de 80% de los aguacates consumidos en Estados Unidos vienen de México y que las ventas mexicanas fueron de alrededor de 3,700 millones de dólares en 2025, imaginemos eso.
Lo interesante que este elemento, genera una presión económica que se conecta necesariamente con el T-MEC; donde quienes participan en el mismo, seguramente señalarán que la seguridad criminal interrumpe inspecciones, exportaciones o cadenas agroalimentarias, deja de ser sólo un problema policial y se vuelve un problema comercial, diplomático, binacional y reputacional. Pero nuestro país, debe tener cuidado, no puede construir seguridad sólo para que el inspector estadounidense regrese al empaque, o que no le pase nada y veo un tramo bonito y seguro, el Estado Mexicano, debe construir seguridad para que el productor deje de pagar por kilo, por hectárea, por caja, por camión o por permiso informal para trabajar, debe cuidar toda la cadena, no nomas la ultima.
El Secretario García Harfuch ha dicho, que detener extorsionadores es “una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras” y que la instrucción presidencial es enfrentar la extorsión “con la fuerza de las instituciones del Estado”. Nadie puede estar en contra de ello, pero eso debe convertirse en maxi procesos contra todos los integrantes del grupo criminal, no nomas lo que detengan en acciones aisladas. La extorsión no se combate únicamente con patrullas u operativos, se combate con denuncias protegidas, testigos resguardados, inteligencia financiera, bloqueo de cuentas, intervención de comunicaciones con autorización judicial, análisis de facturación, investigación de policías municipales y estatales, revisión de empacadoras, rutas, básculas, intermediarios y empresas que lavan el dinero, todo absolutamente todo.
La ley por si tenemos dudas, si permite más de lo que el Estado usa, el problema al parecer está en la distancia entre la norma y el día a día, en quienes lo ejecutan. En la ley claro esta, que la extorsión es un delito, en la vida real, en muchas comunidades de Michoacán y en otras latitudes del país, la tratan y la ven como impuesto criminal necesario para trabajar. En la ley penal, existe inteligencia financiera; en el campo, el productor sigue pagando para poder cortar. En la ley, hay Guardia Nacional; en el territorio, el criminal conoce nombres, horarios, deudas y cosechas, no a los agentes del Estado.
Cierro, con dos conclusiones. La primera, Michoacán no necesita sólo blindaje o presencia militar para exportar aguacate, necesita combatir de forma integral a estos grupos, haciendo una investigación penal completa contra la economía de la extorsión, desde el cobrador hasta el lavador y el funcionario que permite operar, todos los de la cadena de extorsión, todos.
La segunda es que a la frase oficial yo respondería así; sí, enfrentemos la extorsión con la fuerza del Estado, pero no sólo para tranquilizar a Washington o a los gringos, hagámoslo para que el productor mexicano deje de vivir pagando derecho de piso en su propia tierra y que con eso, regrese la paz de él, los suyos y todos.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.