De relaciones a relaciones, la de México–Estados Unidos en materia penal esta viviendo una paradoja, cada gobierno presume resultados, pero se nota y se nota bien, que ambos siguen evitando la discusión real que incómoda. El embajador Ronald Johnson anunció el 1 de octubre que los Estados Unidos entregó a México a más de 20 “fugitivos adicionales” y que ya suman más de 370 personas devueltas desde el regreso de Donald Trump. Su frase fue puntual, “cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: no importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, contundente y para la reflexión.
Suena bien pero jurídicamente debemos analizarlo, ya que este tema, las entregas o devoluciones, no son lo mismo que extradiciones, menos como lo estuvieron haciendo los dos países. Puede ser útil operativamente e incluso politicamente, puede sacar de circulación a personas buscadas, puede ayudar a cerrar órdenes de aprehensión; pero no activa necesariamente la misma lógica de tratado, no deja la misma trazabilidad judicial y no genera la misma reciprocidad institucional, diríamos, resultados mediatos, pero no garantizan resultados definitivos.
Ahí está el centro del problema, México ha trasladado a Estados Unidos a objetivos de alto impacto bajo decisiones de seguridad nacional y cooperación bilateral; en enero, por ejemplo, el Gobierno mexicano envió a 37 operadores criminales y el Secretario Harfuch sostuvo que la acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional; con muchos cuestionamientos, pero con ese traslado, la cifra oficial llegó a 92 objetivos prioritarios enviados a Estados Unidos durante esta administración.
Del lado mexicano, por otra parte, se nota que existe una queja, legitima sin duda, la propia Presidenta Sheinbaum ha dicho que México exige reciprocidad. Según la propia Cancillería, entre 2018 y mayo de 2026 México presentó 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos; 36 fueron negados y 233 siguen pendientes, ojo, siguen pendientes. La propia Presidenta lo resumió así con una frase interesante, “No han enviado ninguno… ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad”.
Pero reciprocidad no se construye con estadísticas sueltas, insisto, se construye y se ejecuta con loss expedientes bien armados, recuerdo, cuando trabajé en el Departamento de Justicia, un comentario era ese, quieren extradiciones, hagan buenas solicitudes y con bien sustentadas, imaginemos entonces. Cabe apuntar, que el Tratado de Extradición exige solicitud formal, hechos, normas aplicables, orden de aprehensión o sentencia, pruebas suficientes y una resolución que, si niega la entrega, debe explicar razones, probablemente no es sencillo, pero México lo sabe hacer. Por eso, cuando Estados Unidos presume “entregas” y México presume “traslados”, ambos gobiernos deberían explicarnos qué figura jurídica están usando, con qué controles judiciales, qué derechos se garantizaron y qué consecuencias tiene para futuras investigaciones.
La pregunta de fondo no es si estas devoluciones sirven, es claro que sí sirven, pero sólo parcialmente. Sirven para detener personas, no siempre sirven para desmontar redes ni sentenciar criminales. Sirven para mandar mensajes, no siempre sirven para construir justicia penal que mande el mensaje. Sirven para cooperación táctica y operativa, pero no siempre sirven para fortalecer el Estado de derecho, por lo pronto, hoy en día No.
El riesgo es que México y Estados Unidos conviertan la cooperación penal en contabilidad política, una sumatoria, tantos entregados, tantos trasladados, tantos pendientes, una matemática estadística sin fondo. Pero combatir crimen organizado exige más que mover personas de un país a otro, exige carpetas sólidas, decomiso de activos, testigos protegidos, trazabilidad financiera, protección a víctimas y sentencias definitivas, resultados reales. Si no, se entrega al fugitivo y se deja intacta la red que lo protegía y ahí la continuidad delictiva.
Dos conclusiones. Primera, el Embajador Johnson tiene razón en que los fugitivos no deben encontrar refugio cruzando la frontera, pero tiene una respuesta puntual a eso, la justicia sin tratado claro puede ser eficacia momentánea, pero no una cooperación institucional. Segunda, la Presidenta Sheinbaum tiene razón al exigir reciprocidad, pero México debe exigirla con expedientes completos y también explicar sus propios traslados; porque la soberanía no se defiende sólo pidiendo entregas, sino demostrando que cada entrega fortalece la justicia y no sólo el discurso.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.