El gobierno de México recuperará 578.5 millones de dólares tras una sentencia emitida por un tribunal de Florida en contra de integrantes de la familia Weinberg, señalados por participar en operaciones ligadas a la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna.
La resolución fue dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual detalló que el procedimiento civil fue promovido en Estados Unidos para recuperar activos relacionados con contratos públicos obtenidos de manera ilícita.
De acuerdo con el fallo, miembros de la familia Weinberg y empresas vinculadas deberán cubrir el pago como reparación por el daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.
Las investigaciones apuntan a que esta red habría obtenido cerca de 30 contratos con el gobierno mexicano entre 2009 y 2018 mediante un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos.
La UIF indicó que durante el proceso judicial se acreditó la participación tanto de personas físicas como morales en operaciones destinadas a conseguir contratos de forma irregular, además de transferir y ocultar recursos obtenidos ilícitamente.
Con esta nueva resolución, el gobierno mexicano acumula más de 3 mil millones de dólares en condenas relacionadas con el caso García Luna, incluyendo sentencias previas emitidas en mayo de 2025 contra el exfuncionario y su esposa.
La dependencia señaló que parte del acuerdo contempla la entrega de activos ubicados en distintas jurisdicciones para cubrir el monto establecido por la corte estadounidense.
Genaro García Luna fue condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del país.
Aunque el exfuncionario no ha sido procesado penalmente en México, el gobierno federal impulsó acciones civiles internacionales para recuperar recursos presuntamente desviados durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
La decisión del tribunal en Florida representa uno de los movimientos financieros más relevantes dentro de los procesos abiertos contra las redes relacionadas con García Luna y el presunto desvío de dinero público hacia empresas y cuentas en el extranjero.
