La crisis política y de seguridad en Sinaloa sumó un nuevo episodio este sábado luego de que la Fiscalía General de la República citara a declarar al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con información difundida este 23 de mayo, el citatorio fue entregado alrededor del mediodía al mandatario estatal con licencia, quien recientemente decidió separarse temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones federales.
La semana pasada, autoridades estadounidenses incluyeron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses en acusaciones relacionadas con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados también aparecen el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como el senador morenista Enrique Inzunza.
El caso tomó aún más fuerza después de que dos exfuncionarios del gobierno estatal decidieran entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega.
Hasta ahora, el Gobierno de México ha señalado que la solicitud presentada por Estados Unidos no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y sostuvo que, de momento, no existen elementos suficientes para considerar una detención urgente contra los implicados.
La situación ha elevado la tensión política entre México y Estados Unidos, especialmente en medio de la ola de violencia que continúa golpeando a Sinaloa por la disputa interna entre las facciones criminales conocidas como Los Mayos y Los Chapitos.
El conflicto se intensificó tras las detenciones ocurridas en julio del año pasado en un aeropuerto de Nuevo México, donde fueron capturados Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, y Joaquín Guzmán López.
Mientras la investigación avanza, el caso mantiene bajo presión al entorno político de Sinaloa y coloca nuevamente a la entidad en el centro de la atención nacional e internacional.
