Padres de familia de menores que actualmente asisten y de niños que próximamente ingresarían al Centro de Atención Infantil (CAI), anteriormente conocido como CENDI No. 1, expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad en las que estaría operando el inmueble ubicado detrás de las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en el sector Las Quintas.
De acuerdo con los señalamientos hechos llegar a Sonora Hoy, una de las principales preocupaciones es que el centro presuntamente no contaría actualmente con un Programa Interno de Protección Civil (PIPC) vigente.
A esta situación se suman señalamientos sobre posibles problemas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias del inmueble.
Son acusaciones que, por su naturaleza, requieren ser aclaradas y verificadas por las autoridades correspondientes, particularmente porque se trata de un espacio donde diariamente permanecen menores de edad bajo el cuidado de una institución pública.
La pregunta que hacen los padres: ¿por qué sigue operando?
Para los padres, el asunto va mucho más allá de un trámite administrativo.
La preocupación está relacionada directamente con las condiciones de seguridad del lugar donde sus hijos permanecen durante buena parte del día.
En materia de Protección Civil existen disposiciones para prevenir riesgos en inmuebles de uso público y, de manera particular, en espacios destinados al cuidado y atención de menores.
En este contexto también cobra relevancia la llamada Ley 5 de Junio, surgida después de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo y de la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en las estancias infantiles.
Por ello, los padres plantean una pregunta que corresponde responder a las autoridades:
¿El CAI cuenta actualmente con su Programa Interno de Protección Civil vigente y con las condiciones necesarias para operar?
También señalan problemas en las instalaciones
Los denunciantes aseguran que el supuesto problema no se limitaría al PIPC.
De acuerdo con la información proporcionada a este medio, existirían presuntas anomalías relacionadas con los sistemas eléctrico, hidráulico y sanitario del inmueble.
Son señalamientos que deberán ser corroborados mediante inspecciones, dictámenes y documentación oficial.
Si alguna irregularidad fuera confirmada, correspondería a las autoridades determinar su gravedad, establecer las medidas correctivas y, en su caso, deslindar responsabilidades.
Por tratarse de un centro de atención infantil, cualquier revisión debería poner en el centro las condiciones en las que permanecen los menores.
Froylán Gámez también aparece en los cuestionamientos
El caso tiene además una arista política.
Según la información proporcionada por los padres a Sonora Hoy, Froylán Gámez Gamboa habría tenido conocimiento de la problemática cuando se encontraba al frente de la Secretaría de Educación y Cultura.
Este señalamiento requiere documentación y una explicación de las autoridades o del propio exfuncionario.
La pregunta que plantean los denunciantes es directa:
Si la situación era conocida, ¿por qué no se habría resuelto antes de su salida de la SEC?
Gámez dejó la Secretaría mientras avanzaban sus aspiraciones políticas, pero cualquier responsabilidad sobre las condiciones del CAI deberá establecerse a partir de documentos, inspecciones y actuaciones oficiales.
No basta con una acusación para determinar responsabilidades.
Pero tampoco debería ser necesario esperar a que ocurra un accidente para revisar las condiciones de seguridad de un inmueble donde permanecen niños.
¿Una regla para particulares y otra para el Gobierno?
La denuncia también abre una discusión que va más allá del CAI ubicado detrás de la SEC.
Los padres cuestionan si las mismas exigencias que se hacen a las instituciones particulares se aplican con igual rigor a los centros administrados por el Gobierno.
El tema cobra relevancia en medio de los cuestionamientos que recientemente han rodeado a las guarderías de COVAFAM, donde las disposiciones de Protección Civil también han formado parte del debate sobre su funcionamiento.
La pregunta es sencilla:
¿Las mismas normas deben aplicarse a una guardería particular y a un centro infantil público?
La respuesta debería ser la misma, sin importar quién administra el inmueble.
Cuando se trata de niños, las medidas de seguridad no deberían depender de si la institución es pública o privada.
¿Cuántos CAI y jardines de niños cumplen con Protección Civil?
El caso también deja sobre la mesa una pregunta que las autoridades podrían responder con información pública:
¿Cuántos CAI y jardines de niños públicos de Sonora cuentan actualmente con un Programa Interno de Protección Civil vigente?
Y una segunda:
¿Cuántos están operando sin cumplir plenamente con las disposiciones de seguridad correspondientes?
Responder ambas preguntas permitiría determinar si se trata de un caso aislado o si existen situaciones similares en otros planteles.
Sonora conoce las consecuencias que puede tener relajar las medidas de seguridad en instalaciones donde permanecen menores.
Por eso, cualquier denuncia de este tipo merece una revisión seria y transparente.
La SEC debe responder
Los padres que hicieron llegar sus señalamientos buscan saber algo que parece elemental:
¿Están seguros sus hijos mientras permanecen en el CAI?
La respuesta debería estar respaldada por documentos, inspecciones y dictámenes, no solamente por declaraciones.
Sonora Hoy buscará conocer la postura de la Secretaría de Educación y Cultura y de las autoridades de Protección Civil respecto a los señalamientos.
También se dará seguimiento a las condiciones de otros Centros de Atención Infantil y planteles públicos del estado para conocer si cumplen con las disposiciones de seguridad correspondientes.
Porque cuando se trata de niños, la prevención no puede quedar para después.
