Ciudad de México.— A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, autoridades federales presentaron este lunes nuevos avances de la investigación y dieron a conocer líneas que buscan reconstruir lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El informe fue presentado por Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), y Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ).
La presentación había sido anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum como un reporte para explicar las nuevas líneas de investigación, los avances alcanzados y las acciones que siguen dentro del caso.
El análisis de llamadas abre nuevas líneas
Uno de los puntos que tomó mayor relevancia en el informe fue el análisis de los registros telefónicos relacionados con la noche en que desaparecieron los estudiantes.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades, la revisión de las comunicaciones permitió identificar 17 nuevos sujetos de investigación, entre ellos personas vinculadas, presuntamente, con corporaciones policiales y grupos de la delincuencia organizada.
Entre los nombres mencionados por las autoridades aparecen personas identificadas como Óscar “N”, Juan Carlos “N”, Isaac “N”, Ramiro “N”, alias “Chango”; Eduardo “N”, “Chuky”; Moisés “N”, “Bandam”; Gabriel “N”, “La Gaby”, y David “N”, “El Chino”.
Las autoridades señalaron que algunos de estos individuos serían presuntos integrantes de grupos como Guerreros Unidos y Los Bélicos. Los nuevos elementos podrían servir para solicitar órdenes de aprehensión, realizar otras detenciones o dirigir nuevas labores de búsqueda, aunque cada posible responsabilidad deberá ser acreditada mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.
Más de mil 900 sitios han sido intervenidos
Otro de los datos expuestos corresponde a las labores de búsqueda en territorio.
Según lo informado por Arturo Medina, desde 2019 se han intervenido mil 931 sitios en nueve municipios de Guerrero como parte de las acciones destinadas a localizar indicios relacionados con los estudiantes desaparecidos.
La revisión de expedientes, testimonios, peritajes y otros elementos también ha permitido ubicar nuevos puntos que podrían ser incorporados a las tareas de búsqueda.
El Gobierno federal ha señalado que el objetivo es revisar información que durante años permaneció dispersa y contrastarla mediante herramientas tecnológicas para detectar posibles conexiones que no habían sido advertidas anteriormente.
Millones de documentos vuelven a ser revisados
La investigación también está siendo sometida a un proceso de digitalización y análisis tecnológico.
De acuerdo con los reportes sobre la presentación, la FGR registra un avance cercano al 90 por ciento en la digitalización de la investigación, lo que representa alrededor de cinco millones de documentos.
La intención, según las autoridades, es utilizar nuevas herramientas para revisar nuevamente documentos, declaraciones, registros telefónicos y otros elementos que forman parte del expediente.
La estrategia busca evitar que información relevante quede aislada dentro de los miles de documentos que se han acumulado durante los años que lleva abierta la investigación.
La investigación sobre la funeraria El Ángel continúa
Otra de las líneas que permanece abierta está relacionada con la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala.
Esta investigación cobró relevancia durante el último año a partir de cateos, detenciones y el análisis de comunicaciones que, según la FGR, podrían establecer relaciones entre personas vinculadas con la funeraria y otros actores investigados por la desaparición de los estudiantes.
En marzo pasado, familiares de los normalistas recorrieron instalaciones relacionadas con esta línea de investigación y fueron informados sobre el hallazgo de una bolsa con restos óseos que tenía una referencia al año 2014.
Sin embargo, las familias han pedido cautela frente a versiones periodísticas sobre supuestos hallazgos de restos y han señalado que no se debe afirmar que éstos correspondan a los estudiantes mientras no existan resultados científicos que lo confirmen.
Por ello, cualquier relación entre esos restos y los 43 normalistas permanece sujeta a los análisis correspondientes y no puede darse por confirmada.
El caso sigue abierto después de 12 años
El Gobierno federal ha insistido en que la investigación no parte nuevamente desde cero, sino que busca revisar lo que ya existe y profundizar en líneas que, de acuerdo con las autoridades, no habían sido agotadas.
En agosto, la FGR informó que ordenó un nuevo análisis de las actuaciones existentes y que ese proceso permitió abrir nuevas líneas de investigación. En ese contexto también se concretó la detención y posterior vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero Ángel “N”, por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionado con el caso.
A doce años de los hechos, la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen como objetivos establecer qué ocurrió con los estudiantes, determinar responsabilidades y avanzar en su localización.
La presentación de Mauricio Pazarán y Arturo Medina coloca nuevamente en el centro del debate nacional las preguntas que permanecen sin respuesta definitiva: qué ocurrió con los 43 normalistas, quiénes participaron en su desaparición y dónde se encuentran.
