Bours busca fuero

El exgobernador busca regresar al poder por la vía plurinominal. El trascendido político apunta a un acuerdo con Alejandro “Alito” Moreno para llegar a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, la Suprema Corte determinó que los delitos asociados a la tragedia de la Guardería ABC no prescriben y familiares de las víctimas volvieron a colocar los nombres de Eduardo Bours y Juan Carlos Lam dentro de su exigencia de justicia.

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Eduardo Bours Castelo está de regreso en la política y su objetivo sería llegar a la Cámara de Diputados para obtener la protección constitucional del cargo. En los círculos políticos de Sonora cobra fuerza el trascendido de que busca una diputación federal plurinominal del PRI y habría establecido un acuerdo con la dirigencia nacional encabezada por Alejandro “Alito” Moreno para obtener una posición privilegiada en la lista.

La operación ya tiene una parte visible. La presidenta estatal del PRI, Guadalupe “Lupita” Soto, anunció Primero Sonora, el programa con el que el partido recorrerá el estado rumbo a 2027, y colocó a Bours en una posición central: el exgobernador coordinará el programa y encabezará los foros regionales. Soto reconoció además que el PRI pretende aprovechar su capital político y capacidad de convocatoria. Bours aportaría recursos, relaciones y operación política en Sonora, mientras la dirigencia nacional tendrá en sus manos las posiciones plurinominales de 2027.

La relevancia de una diputación federal adquiere otra dimensión por el caso Guardería ABC. El 5 de junio de 2009 murieron 49 niñas y niños en el incendio de la estancia infantil de Hermosillo. Desde entonces se han desarrollado distintas investigaciones relacionadas con los hechos, en las que han aparecido, en diferentes momentos y líneas, los nombres de Eduardo Bours Castelo y Juan Carlos Lam Félix, quien fuera secretario técnico durante su administración. En 2013 un juez federal ordenó reabrir una investigación contra Bours después de que familiares de las víctimas impugnaron la decisión de la entonces PGR de no ejercer acción penal.

El asunto sigue generando reclamos. Apenas el 9 de septiembre, la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños publicó en El Universal un desplegado de página completa dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el encabezado “17 años de injusticia e impunidad… Caso de la Guardería ABC”. La organización hizo referencia expresa a la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19-A/2013, que ubica a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, y mencionó directamente a Eduardo Bours y Juan Carlos Lam.

El desplegado identifica a Bours como gobernador de Sonora cuando ocurrió la tragedia y a Lam como su secretario técnico, encargado —señala la agrupación— de operar e implementar las acciones de gobierno. Las familias reclaman justicia 17 años después. Se trata de señalamientos de la organización y no de una sentencia de responsabilidad contra Bours o Lam, pero confirman que las familias mantienen vigente su exigencia de que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

Hay además un elemento jurídico reciente que cambia el escenario. El 18 de junio de 2026, el Pleno de la Suprema Corte resolvió el Amparo en Revisión 648/2024, relacionado directamente con la Guardería ABC. La Corte consideró los hechos como graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños y estableció la imprescriptibilidad de la acción penal respecto de los delitos analizados en ese asunto. En términos sencillos: el paso del tiempo no puede utilizarse por sí mismo para cerrar su persecución penal.

Ahí cobra relevancia el trascendido sobre la plurinominal. Llegar a San Lázaro no borraría investigaciones ni eliminaría una eventual responsabilidad, pero sí colocaría a Bours bajo el régimen constitucional aplicable a los diputados federales durante el ejercicio del cargo. En los supuestos previstos por el artículo 111 constitucional, para proceder penalmente interviene la Cámara de Diputados mediante la declaración de procedencia. La diputación implicaría, por tanto, la protección constitucional correspondiente al cargo.

La secuencia resulta significativa: en junio, la Suprema Corte determina la imprescriptibilidad de los delitos analizados de ABC; el 9 de septiembre, familiares de las víctimas vuelven a colocar públicamente los nombres de Bours y Lam dentro de su exigencia de justicia; dos semanas después, el PRI coloca al exgobernador al frente de Primero Sonora rumbo a 2027. Y, paralelamente, cobra fuerza el trascendido de que habría pactado con Alejandro Moreno una diputación federal plurinominal.

Las piezas comienzan a acomodarse: Bours vuelve a operar para el PRI en Sonora mientras busca, según los trascendidos, una posición en San Lázaro que le otorgaría fuero constitucional.

ABC no prescribe. Las familias siguen exigiendo justicia. Y Eduardo Bours vuelve a la política buscando un cargo con protección constitucional.

Diecisiete años después de la tragedia, el tiempo dejó de ser una salida. Ahora Bours parece buscar otra: el fuero.

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