SONORA.— La promesa de sacar las vías del tren del centro de Nogales enfrenta un nuevo conflicto: proveedores que reclaman pagos y advierten movilizaciones en los cruces fronterizos. El proyecto ferroviario vuelve a colocar bajo presión al gobierno de Alfonso Durazo, que lo promovió como una solución para la movilidad y el desarrollo de la ciudad.
Un reporte publicado el 18 de noviembre señala que constructores, transportistas y proveedores reclaman adeudos superiores a 3 mil millones de pesos y preparan protestas para finales de mes, coincidiendo con las celebraciones de Acción de Gracias. Se trata de una advertencia de movilización; no de un cierre fronterizo confirmado.
Detrás del reclamo hay una pregunta que sigue pendiente: ¿cuánto dinero adicional necesita la obra y cuándo podrá funcionar?
En mayo de 2026, el periodista Jesús Alberto Ibarra Félix dio a conocer una respuesta de Sedena según la cual el proyecto había recibido asignaciones por más de 10 mil 881 millones de pesos entre 2023 y 2025. La información, difundida por Proyecto Puente, también señalaba que el fideicomiso encargado del financiamiento no había autorizado recursos para 2026 al momento de esa respuesta. Este antecedente no permite descartar asignaciones posteriores.
Los avances reportados tampoco coinciden. Ibarra sostuvo que los trabajos en Ímuris, Santa Cruz y Nogales no alcanzaban el 50%. Sin embargo, una cobertura de junio de 2025, basada en declaraciones del director del proyecto, el mayor Ignacio David Casanova Vázquez, reportaba un avance del 60% y una conclusión prevista durante 2026. Las diferencias hacen necesario un informe actualizado que precise qué componentes se están midiendo.
En aquella entrevista, Casanova explicó que el presupuesto había pasado de aproximadamente 10 mil 111 millones a una estimación de 17 mil millones de pesos, principalmente por los trabajos del patio de maniobras. Esa cifra corresponde a una estimación del costo total, no al dinero que actualmente faltaría por ejercer.
El Gobierno de Sonora defendió el proyecto como una intervención para mejorar la movilidad y facilitar el comercio con Estados Unidos. En diciembre de 2024, Durazo anunció que la reubicación ferroviaria continuaría con respaldo federal.
En términos políticos, esa promesa vincula al gobernador con el resultado, aunque la ejecución corresponda a Sedena. La participación federal no elimina la expectativa que el propio gobierno estatal generó entre los habitantes de Nogales.
El problema exige respuestas concretas: un balance verificable del dinero ejercido, el avance físico por tramo, los adeudos reconocidos y una fecha de conclusión respaldada por recursos. Para los proveedores que reclaman pagos y las comunidades que esperan los beneficios anunciados, otra promesa difícilmente resolverá la incertidumbre.
Fuente: Jesús Alberto Ibarra



