La decisión del gobierno de Donald Trump de no renovar el T-MEC por otros 16 años no cancela el tratado, pero sí coloca a México en una posición de enorme vulnerabilidad. A partir de ahora, el acuerdo permanecerá vigente hasta 2036, pero sujeto a revisiones anuales si no existe un consenso para extenderlo. Es decir, Norteamérica pasará de tener un marco de certidumbre de largo plazo a vivir en una negociación permanente.
El verdadero problema no es jurídico, sino económico y político. Cada año, Estados Unidos tendrá la posibilidad de volver a sentar a México en la mesa para exigir nuevas concesiones. Reglas de origen, contenido regional, migración, seguridad, combate al narcotráfico, inversiones o cualquier otro tema podrán convertirse en moneda de cambio bajo la amenaza de dejar morir el tratado. La incertidumbre dejará de ser un episodio extraordinario para convertirse en la nueva normalidad.
Para un país cuya economía depende en más de un 80% de sus exportaciones hacia Estados Unidos, negociar bajo ese esquema significa quedar permanentemente a merced de las prioridades políticas de Washington. Cada elección presidencial, cada proceso electoral intermedio o cada cambio de administración estadounidense podrá traducirse en nuevas presiones sobre México.
La certidumbre era precisamente uno de los principales activos del T-MEC. Esa estabilidad fue la que impulsó inversiones multimillonarias y el fenómeno del nearshoring. Sin embargo, si las reglas del juego pueden reabrirse todos los años, muchas empresas optarán por esperar antes de invertir o buscar otros destinos con mayor previsibilidad.
En los hechos, Estados Unidos acaba de colocarse en una posición de ventaja permanente. México ya no negociará un tratado cada 16 años; tendrá que defenderlo todos los años.
