CIUDAD DE MÉXICO.— El debate sobre el uso electoral de los programas sociales volvió al centro de la discusión política en México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los recursos del gobierno sean utilizados para orientar el voto y sostuvo que existe una diferencia entre el modelo actual de apoyos y las prácticas que, afirmó, se aplicaban en administraciones anteriores.
En medio de las acusaciones de la oposición sobre un supuesto uso político de los programas sociales, Sheinbaum defendió la política de bienestar de su gobierno y aseguró que los apoyos dejaron de depender de intermediarios para convertirse en derechos establecidos en la Constitución.
“Antes los programas sociales sí eran clientelares”, planteó la presidenta al contrastar el modelo actual con las prácticas de gobiernos anteriores.
La discusión ocurre después de que distintos actores políticos han señalado posibles condicionamientos de programas sociales durante procesos electorales. El tema también ha sido abordado por el Instituto Nacional Electoral en debates relacionados con la utilización de recursos públicos y la equidad de las contiendas.
Sheinbaum rechaza que los apoyos condicionen el voto
La presidenta sostuvo que una persona que recibe una pensión, beca o algún otro apoyo gubernamental no debería estar obligada a votar por determinado partido o candidato.
Su argumento parte de que los programas sociales actuales tienen un carácter universal o están dirigidos a sectores específicos de la población bajo reglas establecidas por el Estado.
En ese sentido, Sheinbaum ha defendido que los apoyos sociales no representan una dádiva de un partido político, sino derechos que corresponden a la población.
La postura contrasta con los señalamientos de partidos de oposición, que han acusado en distintos momentos a gobiernos y operadores políticos de utilizar los programas sociales como mecanismo de presión electoral.
El debate por el clientelismo no es nuevo
El uso de programas sociales con fines políticos no comenzó con el actual gobierno. La discusión sobre prácticas clientelares ha estado presente durante décadas en México.
Incluso documentos y debates legislativos de administraciones anteriores han registrado cuestionamientos sobre la utilización política de programas públicos y la participación de intermediarios en la entrega de beneficios.
La diferencia que plantea el gobierno de Sheinbaum es que los principales programas sociales de la llamada Cuarta Transformación fueron elevados a rango constitucional, con lo que —según el argumento oficial— dejaron de depender de la voluntad de un gobierno o partido.
Recursos públicos y elecciones: ¿qué dice la ley?
El debate no solamente es político.
El artículo 134 de la Constitución establece que los servidores públicos deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad y evitar que éstos influyan en la competencia entre partidos políticos.
Por ello, una cosa es recibir un programa social al que una persona tiene derecho y otra muy distinta sería condicionar su entrega a cambio de apoyo electoral.
Esa diferencia se vuelve especialmente relevante durante los procesos electorales, cuando cualquier utilización partidista de recursos públicos puede generar denuncias y procedimientos ante las autoridades correspondientes.
Oposición acusa uso político; gobierno lo rechaza
Mientras el gobierno federal sostiene que los programas sociales ahora funcionan como derechos, sectores de la oposición han cuestionado la forma en que se operan y han denunciado presuntos actos de condicionamiento.
Durante las discusiones posteriores a la elección judicial de 2025, representantes opositores ante el INE acusaron públicamente a operadores políticos de utilizar programas sociales para influir en ciudadanos. En la misma sesión, representantes de Morena rechazaron esos señalamientos y defendieron la universalización de los apoyos.
El intercambio refleja una disputa que va más allá de la entrega de recursos: se trata de determinar si los programas sociales funcionan como una política pública de derechos o si pueden convertirse en herramientas de movilización electoral.
La frase de Sheinbaum abre otro frente de discusión
La declaración de la presidenta vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que ha acompañado a la política mexicana durante décadas: ¿cuándo un programa social deja de ser una ayuda gubernamental y se convierte en una herramienta electoral?
Para el gobierno federal, la respuesta está en que los apoyos sean universales, estén establecidos legalmente y no puedan ser condicionados.
Para sus críticos, el problema está en la operación territorial, la presencia de funcionarios y operadores políticos y la posibilidad de que los beneficiarios reciban mensajes que relacionen los apoyos con determinado partido o gobierno.
La diferencia entre ambas posiciones seguirá siendo uno de los temas que generen mayor discusión rumbo a los próximos procesos electorales.
