¿Quién garantizará que el crimen organizado no se meta en las próximas elecciones? Esa fue una de las preguntas que legisladores de oposición plantearon a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante una reunión privada en el Senado.
El encuentro se realizó ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), donde senadores cuestionaron a la funcionaria sobre las acciones que prepara el Gobierno federal para garantizar condiciones de seguridad durante el próximo proceso electoral.
Uno de los principales temas sobre la mesa fue el riesgo de que grupos del crimen organizado intenten intervenir en las campañas mediante financiamiento, presión o cualquier otra forma de influencia sobre candidatos y partidos políticos.
La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Martínez Simón, señaló que durante la reunión Rosa Icela Rodríguez informó que la Federación trabaja en una estrategia integral para atender el tema de seguridad electoral.
Sin embargo, de acuerdo con la legisladora, dicha estrategia todavía no estaría completamente definida.
Rosa Icela asegura que las elecciones tendrán seguridad
Al concluir el encuentro, la secretaria de Gobernación sostuvo una postura distinta a la preocupación expresada por los legisladores de oposición.
Rosa Icela Rodríguez aseguró que la seguridad para las próximas elecciones está garantizada y sostuvo que el Gobierno federal trabaja para generar condiciones adecuadas durante el proceso.
La funcionaria también hizo un llamado a los partidos políticos para que sean cuidadosos al momento de seleccionar a sus candidatos.
Pidió que las fuerzas políticas postulen personas con trayectoria limpia y que, en sus palabras, “anden por el buen camino”.
El mensaje coloca también la responsabilidad en los propios partidos políticos, particularmente en la selección de quienes buscarán competir por cargos de elección popular.
Oposición pide evitar dinero del crimen en campañas
Durante la comparecencia privada, los legisladores pusieron especial atención en la posibilidad de que recursos provenientes de actividades criminales lleguen a las campañas políticas.
La preocupación no solamente está relacionada con la seguridad física de candidatos y ciudadanos, sino también con la capacidad de grupos delictivos para influir en procesos electorales mediante recursos económicos o mecanismos de presión.
El planteamiento ocurre mientras las autoridades federales y los partidos políticos se preparan para un nuevo proceso electoral, en el que la seguridad será uno de los asuntos que estarán bajo mayor escrutinio.
Para la oposición, contar con una estrategia definida con anticipación resulta necesario para reducir los riesgos de intervención criminal.
La secretaria de Gobernación, por su parte, afirmó que las condiciones de seguridad estarán garantizadas y llamó a los partidos a asumir su responsabilidad en la selección de candidatos.
El debate deja sobre la mesa una pregunta que acompañará al próximo proceso electoral: ¿qué medidas concretas se aplicarán para impedir que el crimen organizado tenga influencia en las campañas?
Mientras el Gobierno federal asegura que habrá seguridad, la oposición mantiene la presión para conocer con mayor precisión la estrategia que será aplicada antes y durante las elecciones.
