Ciudad de México.- Comprar un celular, una tableta o una computadora podría salir más caro si avanza una propuesta que prepara la Secretaría de Cultura para establecer un cobro de hasta 2% sobre el valor de determinados dispositivos tecnológicos.
La medida, conocida coloquialmente como “Moche Digital”, busca cobrar una tarifa relacionada con la capacidad que tienen estos equipos para almacenar o reproducir obras protegidas por derechos de autor.
De acuerdo con información publicada por EL CEO, la propuesta es impulsada por la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, junto con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).
El planteamiento revive una discusión que ya provocó polémica en México y que incluso llegó al Congreso de la Unión.
¿Qué quieren cobrar con el “Moche Digital”?
La propuesta parte del concepto de remuneración por copia privada.
En términos sencillos, se busca establecer un pago asociado a dispositivos que tienen capacidad para almacenar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor, aunque el propietario del equipo no necesariamente realice copias de ese tipo.
La tarifa podría llegar hasta 2% del valor del dispositivo.
Eso significa que un teléfono, una computadora o una tableta de mayor precio podría generar un pago superior.
El argumento detrás del mecanismo es que estos equipos pueden utilizarse para almacenar o reproducir música, películas, libros digitales y otros contenidos protegidos.
El problema que ya genera cuestionamientos es que el cobro no dependería de que el usuario efectivamente copie una obra protegida, sino de la posibilidad de que el dispositivo pueda hacerlo.
El cobro podría terminar en el precio que paga el consumidor
Aunque el pago formal estaría dirigido al importador o al primer comercializador, existe la posibilidad de que ese costo termine trasladándose al consumidor mediante el precio final del equipo.
En otras palabras, quien compre un celular, una computadora o una tableta podría terminar absorbiendo el costo.
Esto tendría especial importancia en un mercado donde los dispositivos tecnológicos forman parte de la vida diaria de millones de personas y son utilizados para estudiar, trabajar, comunicarse y acceder a servicios digitales.
La propuesta también despierta preocupación por el posible efecto acumulativo para los consumidores que ya pagan suscripciones a plataformas de música, películas y otros servicios digitales.
La propuesta ya tiene un antecedente
El llamado “Moche Digital” no es una idea nueva.
En 2021, la Cámara de Diputados rechazó una iniciativa que buscaba establecer una remuneración compensatoria por copia privada mediante un cobro a fabricantes e importadores de dispositivos capaces de almacenar contenidos digitales.
Aquella propuesta fue rechazada con 292 votos en contra, 87 a favor y 59 abstenciones.
El proyecto había sido promovido por el entonces diputado Sergio Mayer y contemplaba dispositivos como teléfonos móviles, computadoras, discos duros y memorias, entre otros.
Organizaciones de derechos digitales cuestionaron entonces la idea de asumir que los dispositivos eran utilizados para realizar copias privadas de obras protegidas y advirtieron sobre el impacto que el cobro podría tener en el acceso a la tecnología.
Ahora buscan hacerlo mediante un reglamento
Una diferencia importante de la propuesta actual es el mecanismo que se estaría considerando.
Mientras el proyecto de 2021 pretendía modificar la Ley Federal del Derecho de Autor, la nueva propuesta buscaría establecer el esquema mediante un reglamento.
De acuerdo con la información difundida por EL CEO, ese documento definiría los dispositivos sujetos al cobro, quién tendría la obligación de pagarlo, la forma para calcularlo y la tarifa correspondiente.
Precisamente este punto podría convertirse en uno de los principales temas de discusión jurídica y empresarial si la propuesta avanza.
Hasta 750 millones de dólares en impacto
Las estimaciones citadas por EL CEO ubican el posible impacto anual del esquema entre 700 y 750 millones de dólares.
La cifra ha generado preocupación entre sectores empresariales debido a las posibles consecuencias sobre los precios de los equipos, la inversión y la adopción tecnológica.
Otro asunto que genera preguntas es el destino de los recursos.
Según la información publicada por ese medio, parte de la recaudación podría llegar a sociedades de gestión colectiva, mientras que 5% sería destinado directamente a la Secretaría de Cultura.
Esto ha provocado cuestionamientos sobre quién administraría los recursos y bajo qué reglas se distribuirían.
Empresarios advierten posibles efectos
La propuesta también ha encendido alertas entre organismos empresariales, incluida la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham).
La preocupación se relaciona con el posible aumento en los costos de los equipos tecnológicos y sus efectos sobre las empresas que importan, comercializan o utilizan este tipo de dispositivos.
El debate aparece además en un momento delicado para las cadenas productivas y la relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá, mientras se desarrolla la revisión del T-MEC.
Un incremento generalizado en el costo de equipos tecnológicos podría tener efectos que vayan más allá del consumidor final, particularmente para empresas que dependen de computadoras, teléfonos, tabletas y otros dispositivos para operar.
¿Quién terminaría pagando?
Aunque el planteamiento señala al importador o primer comercializador como responsable formal del pago, el punto que genera mayor interés para los consumidores es otro:
¿Ese porcentaje terminará reflejándose en el precio del celular, la computadora o la tableta?
La experiencia de propuestas anteriores y las advertencias de organizaciones empresariales y de derechos digitales alimentan precisamente esa preocupación.
Por ahora, se trata de una propuesta en preparación, por lo que no significa que el cobro ya esté vigente ni que los consumidores tengan que pagar automáticamente un 2% adicional al comprar un dispositivo.
El eventual cobro dependerá de que el mecanismo sea formalmente presentado, aprobado y puesto en operación conforme al procedimiento correspondiente.
La discusión apenas comienza, pero el nombre con el que ya se le conoce en el debate público —“Moche Digital”— anticipa que podría convertirse nuevamente en un tema polémico.
