El debate sobre la estrategia de seguridad en México volvió a colocarse en el centro de la discusión política luego de que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, propusiera construir una megaprisión para personas vinculadas con el crimen organizado, especialmente funcionarios públicos que colaboren con grupos delictivos.
La iniciativa también contempla impulsar reformas para establecer la cadena perpetua en casos relacionados con narcopolíticos, bajo el argumento de endurecer las sanciones contra quienes utilicen el poder público para beneficiar a organizaciones criminales.
Durante la presentación de la propuesta, Romero señaló que el país requiere medidas más severas para combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones y recuperar la confianza ciudadana.
La respuesta no tardó en llegar desde Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta y sostuvo que su gobierno mantendrá una estrategia distinta para enfrentar la violencia y la delincuencia.
La mandataria afirmó que su administración continuará privilegiando la atención a las causas que originan la violencia, el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de la democracia, en lugar de impulsar medidas como la construcción de una megaprisión o la cadena perpetua.
Las declaraciones reavivaron el contraste entre las propuestas de la oposición y la política de seguridad del Gobierno federal.
Mientras el PAN plantea aumentar las penas para quienes colaboren con el crimen organizado desde cargos públicos, el Gobierno de México insiste en que la reducción de la violencia también pasa por combatir las condiciones sociales que favorecen la delincuencia.
El intercambio ocurre en un contexto donde la seguridad pública continúa siendo uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía y perfila parte del debate político rumbo a los próximos procesos electorales.
Hasta el momento, la propuesta presentada por el dirigente panista no constituye una reforma aprobada y, para convertirse en ley, tendría que ser presentada formalmente al Congreso de la Unión, discutida y, en su caso, avalada por ambas cámaras.
