CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos detalles de una investigación contra una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos y puso nuevamente bajo los reflectores el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
La información fue dada a conocer por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien presentó avances de las investigaciones relacionadas con una estructura que, de acuerdo con la Fiscalía, habría tenido capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir combustible introducido ilegalmente al país.
El caso es uno de los expedientes más relevantes de la investigación federal contra el llamado huachicol fiscal, término utilizado para referirse al contrabando de combustibles mediante esquemas destinados a evadir controles y obligaciones fiscales.
El decomiso que abrió la puerta a la investigación
Uno de los puntos centrales de la investigación fue el aseguramiento de un buque en el puerto de Altamira, donde fueron localizados 10 millones de litros de diésel.
La FGR explicó que ese aseguramiento no representó el final de las indagatorias, sino que permitió avanzar hacia una estructura de mayores dimensiones.
De acuerdo con la Fiscalía, detrás del cargamento no habría operado una sola persona, sino una presunta red con capacidad para mover el combustible desde su ingreso al país hasta diferentes puntos de almacenamiento y distribución.
El buque involucrado en el caso fue el Challenge Procyon, asegurado en marzo de 2025 en Altamira. La investigación posterior permitió a las autoridades reconstruir parte de la ruta que habría seguido el combustible.
¿Qué tiene que ver Texas con el caso?
La investigación ha señalado que el combustible habría ingresado a México procedente de Estados Unidos.
Información difundida sobre el caso indica que el buque había salido de la zona de Beaumont, Texas, y que la documentación presentada para el traslado señalaba un producto distinto al diésel que finalmente fue encontrado.
El esquema habría permitido introducir el hidrocarburo al territorio mexicano utilizando documentación y mecanismos destinados a ocultar su verdadera naturaleza.
Una vez en México, el combustible podía ser trasladado mediante diferentes rutas y vehículos para posteriormente ser distribuido.
FGR investiga una estructura más grande
Durante su mensaje de este lunes, Ernestina Godoy señaló que las investigaciones apuntan a una presunta estructura criminal y no a un caso aislado de contrabando.
La Fiscalía identificó a Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, relacionados con los hermanos Farías Laguna, como personas que presuntamente habrían tenido un papel relevante para garantizar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.
Según la información presentada por la autoridad, la red habría tenido contactos capaces de intervenir en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de algunas aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
La Fiscalía mantiene las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales de las personas involucradas.
El combustible no habría llegado solo
El expediente ha permitido a las autoridades seguir la ruta del combustible después de su llegada a Tamaulipas.
Investigaciones periodísticas han documentado que el diésel asegurado estaba relacionado con una red de empresas, patios de almacenamiento y rutas terrestres que habrían permitido distribuir el combustible hacia diferentes entidades del país.
El objetivo de este tipo de operaciones sería introducir hidrocarburos al mercado nacional sin cumplir con las obligaciones fiscales y regulatorias correspondientes.
Por eso, el llamado huachicol fiscal representa un problema diferente al robo tradicional de combustible directamente de ductos.
Un negocio que mueve millones
El contrabando de hidrocarburos representa un negocio de grandes dimensiones debido al volumen de combustible que puede ser movilizado en una sola operación.
En el caso de Altamira, la cifra presentada por la FGR fue de 10 millones de litros de diésel.
Para dimensionar el volumen, se trata de una cantidad equivalente a millones de litros que posteriormente tendrían que ser transportados, almacenados y colocados en el mercado.
La investigación busca establecer quiénes participaron en cada una de esas etapas.
La FGR también investiga posibles complicidades
Uno de los aspectos más delicados del caso es la presunta participación de personas con acceso a áreas estratégicas relacionadas con las aduanas y otras instituciones.
La Fiscalía ha señalado que algunos integrantes de la presunta red habrían utilizado contactos para intervenir en movimientos de personal y posiciones dentro de estructuras relacionadas con la operación portuaria y aduanera.
Godoy también enfatizó que las investigaciones corresponden a responsabilidades individuales y que los señalamientos contra determinadas personas no significan que instituciones completas estén involucradas.
¿Qué sigue para la investigación?
La FGR mantiene abiertas diferentes líneas de investigación para determinar la totalidad de la estructura y las personas que habrían participado.
El aseguramiento de los 10 millones de litros de diésel fue presentado por la Fiscalía como uno de los principales resultados de una investigación que comenzó a partir de información proporcionada en 2024 y que posteriormente permitió avanzar hacia una presunta red de mayor alcance.
Las autoridades deberán acreditar ante los tribunales las acusaciones y responsabilidades que correspondan en cada caso.
Por ahora, los señalamientos forman parte de investigaciones y procesos judiciales, por lo que las personas señaladas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.
El huachicol fiscal vuelve al centro de la agenda
El caso de Altamira muestra la dimensión que puede alcanzar el contrabando de combustibles cuando intervienen rutas internacionales, empresas, transporte terrestre y presuntos mecanismos de evasión.
La FGR sostiene que la investigación continúa y que buscará identificar a todos los integrantes de la estructura.
Mientras tanto, el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel permanece como una de las principales piezas de un expediente que ahora apunta a una presunta red mucho más amplia que un simple cargamento de combustible.
Y la pregunta que sigue abierta es: ¿hasta dónde llegaba la red y quiénes más participaron en el negocio del huachicol fiscal?
