La investigación de la masacre ocurrida en La Mora, Bavispe, Sonora, podría abrir un nuevo capítulo fuera de México. La familia LeBaron prepara una serie de acciones legales en Estados Unidos contra servidores públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) que participaron en las indagatorias relacionadas con el ataque ocurrido el 4 de noviembre de 2019.
De acuerdo con información publicada en la columna Bajo Reserva de El Universal, la decisión se tomó después de revisar documentos atribuidos a las filtraciones conocidas como Guacamaya Leaks, en los que presuntamente se advierten irregularidades y la posible siembra de pruebas desde las primeras etapas de la investigación.
Según la información difundida, las acciones estarían dirigidas contra funcionarios que desempeñaron responsabilidades dentro de la FGR durante la administración del fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Entre las medidas que la familia analiza promover se encuentra la solicitud para que autoridades estadounidenses revisen la posible aplicación de la Ley Global Magnitsky, una legislación que permite imponer sanciones a ciudadanos extranjeros señalados por presuntas violaciones graves a los derechos humanos o actos de corrupción.
La masacre ocurrió el 4 de noviembre de 2019, cuando integrantes de las familias LeBaron, Langford y Miller fueron atacados mientras transitaban por un camino cercano a la comunidad de La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora. El atentado dejó nueve personas fallecidas, entre ellas mujeres y menores de edad.
El caso tuvo repercusión internacional debido a que varias de las víctimas contaban con nacionalidad estadounidense, lo que generó llamados para reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Desde entonces, los familiares han insistido en el esclarecimiento total de los hechos y en el deslinde de responsabilidades, además de expresar inconformidad por el desarrollo de las investigaciones oficiales.
De concretarse, la presentación de recursos legales en territorio estadounidense abriría un nuevo frente jurídico relacionado con uno de los casos de violencia que mayor impacto internacional ha generado en los últimos años.
