El gobierno de Estados Unidos prepara una ofensiva más agresiva contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, utilizando leyes antiterrorismo que podrían derivar incluso en penas de cadena perpetua.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, el Departamento de Justicia estadounidense busca elevar los casos relacionados con cárteles mexicanos al nivel de amenaza para la seguridad nacional.
La estrategia estaría enfocada en ampliar y fortalecer las acusaciones contra políticos y mandos de seguridad presuntamente relacionados con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según el reporte, autoridades estadounidenses buscan “triplicar” las investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios mexicanos señalados de brindar protección institucional o recibir sobornos de organizaciones criminales.
El endurecimiento de las medidas ocurre tras las recientes acusaciones que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros exfuncionarios sinaloenses relacionados con áreas de seguridad y finanzas.
En días recientes también trascendió que exmandos mexicanos se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos para enfrentar investigaciones relacionadas con presuntos nexos con el crimen organizado.
La utilización de leyes antiterrorismo marcaría un cambio importante en la estrategia del gobierno estadounidense, ya que permitiría castigos mucho más severos para quienes sean encontrados culpables de colaborar con grupos criminales considerados amenazas internacionales.
El reporte del NYT señala que esta postura forma parte de la política impulsada por la administración de Donald Trump, que ha incrementado la presión sobre México en temas relacionados con narcotráfico, seguridad fronteriza y combate a los cárteles.
Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial amplia sobre la posibilidad de que Estados Unidos utilice legislación antiterrorista contra funcionarios mexicanos vinculados a investigaciones por narcotráfico.
