Lorenia Valles afirmó que Sonora se ha convertido en un referente de justicia social y bienestar gracias a los programas sociales, los planes de justicia para pueblos indígenas y las acciones impulsadas para garantizar el acceso al agua.
Miles de personas participaron en las asambleas encabezadas por Javier Lamarque en Huatabampo y Etchojoa, donde llamó a fortalecer la unidad, la organización territorial y la continuidad de la Cuarta Transformación en Sonora.
Miles de familias del sur de Sonora están siendo beneficiadas con el Programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, una estrategia impulsada por el gobernador Alfonso Durazo para respaldar a quienes más lo necesitan.
Más de 4 mil familias del sur de Sonora serán beneficiadas con apoyos económicos directos a través del Programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, con una inversión superior a los 11 millones de pesos.
Las carreteras del sur de Sonora presentan daños severos que ponen en riesgo a miles de conductores. El gobierno estatal anunció estudios técnicos y recursos para rehabilitar los tramos más afectados.
La ASF entregó el tercer Informe de la Cuenta Pública 2024 y reveló que en Sonora existen observaciones por 522 millones de pesos en 22 municipios. Etchojoa, Bácum y Nogales encabezan la lista con mayores montos sin aclarar, mientras Hermosillo destaca sin irregularidades.
Las multas y compromisos económicos derivados de incidentes ambientales atribuidos a Grupo México suman mil 524 millones de pesos, equivalentes al 0.12% de la fortuna estimada de Germán Larrea, según un reportaje de Animal Político y especialistas en derecho ambiental.
La Camimex informó que alrededor de 11 mil millones de dólares en proyectos mineros permanecen detenidos por falta de permisos. El organismo advirtió que la baja exploración y el retraso en nuevas concesiones podrían afectar la producción y el empleo en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para garantizar la transparencia en el Gobierno federal, Pemex, CFE y organismos de fiscalización. El documento también establece qué información debe hacerse pública y cuál podrá reservarse por procedimientos administrativos o judiciales.