El caso del exsecretario de Educación de Sonora, Víctor Guerrero González, plantea una disyuntiva que incomoda al poder: o no existe el delito de peculado que se le imputa, o la justicia en Sonora se está aplicando de manera selectiva.
Guerrero permanece en prisión preventiva por un supuesto desvío de recursos que, de acuerdo con la propia naturaleza del esquema, no eran públicos, sino aportaciones de los trabajadores afiliados a la Sección 54 del SNTE. Si el dinero no era público, no hay peculado.
Pero si la Fiscalía insiste en sostener que sí existe delito, entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué el mismo esquema sigue operando hoy sin consecuencias penales?
Bajo esa lógica, la Fiscalía estaría obligada a investigar y procesar a quienes actualmente lo ejecutan: el secretario de Educación en funciones, Froylán Gámez, su antecesor, así como el actual secretario de Hacienda y su antecesor, Luis del Valle Colosio.
La pregunta es directa y legítima: si hubo delito, ¿también irán a la cárcel Froylán Gámez y Luis del Valle Colosio?
Si la respuesta es no, entonces no estamos ante un combate a la corrupción, sino ante justicia selectiva.
