La compra de una camioneta Jeep Wagoneer de un millón 740 mil 900 pesos, adquirida con recursos públicos por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora (Sidur), ha generado cuestionamientos por el costo del vehículo y la justificación ofrecida por su titular, Alejandra Castro Valencia.
La funcionaria defendió la adquisición al asegurar que se trata de una unidad destinada a los viajes de trabajo de la dependencia y que su capacidad permitiría ahorrar recursos.
De acuerdo con una investigación publicada por el semanario Primera Plana, el contrato SIDUR-ED-26-057 fue firmado el 26 de mayo de 2026 para adquirir una Jeep Wagoneer modelo 2025, color blanco, con capacidad para ocho pasajeros y tracción 4×4.
La compra se realizó mediante adjudicación directa, después de que una licitación pública fuera declarada desierta porque no se presentaron propuestas solventes. La empresa proveedora fue Sonora Automotriz de Caborca.
Sidur asegura que la camioneta permitirá ahorrar
Al ser cuestionada sobre la necesidad de adquirir un vehículo de este precio, Castro Valencia explicó que la dependencia requería una unidad todoterreno que pudiera transportar a varios trabajadores en una misma comisión.
Según su explicación, el vehículo permitiría evitar que hasta tres automóviles se utilicen simultáneamente durante los viajes de trabajo.
La funcionaria sostuvo que con esa medida se reducirían gastos de combustible y traslados, además de señalar que el vehículo no está destinado exclusivamente al uso de la titular.
Sin embargo, la investigación de Primera Plana señala que la unidad aparece en el padrón vehicular de Sidur asignada a la secretaria.
¿Qué dice la Ley de Austeridad de Sonora?
La polémica también ha puesto atención en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios.
Su artículo 32 establece restricciones para la adquisición de vehículos de lujo destinados a labores administrativas y señala que las unidades compradas por dependencias públicas deben ser utilitarias, austeras y funcionales.
La existencia de esa disposición no determina por sí sola que la compra sea ilegal, pero abre una pregunta sobre los criterios técnicos y administrativos que justificaron la selección del vehículo.
Hasta ahora, la explicación pública de la dependencia se ha concentrado en su capacidad de pasajeros y su utilidad para recorridos de trabajo. No se ha presentado en la información consultada un cálculo que permita comprobar cuánto dinero ahorrará la camioneta frente a otras alternativas de transporte.
La pregunta sigue abierta: ¿una camioneta de 1.74 millones de pesos es una inversión necesaria para mejorar los traslados del personal o representa un gasto excesivo de recursos públicos?
