El 28 de diciembre de 2025, el proyecto ferroviario más emblemático del sexenio anterior se vio marcado por la tragedia. Catorce personas murieron mientras recorrían el Istmo de Tehuantepec a bordo del Tren Interoceánico, luego de que dos locomotoras y varios vagones se descarrilaran en una zona montañosa de Oaxaca y cayeran a un barranco de hasta seis metros de profundidad.
De acuerdo con testimonios de sobrevivientes, el accidente ocurrió al atravesar un tramo de alta complejidad orográfica. La segunda locomotora se salió de la vía, arrastrando consigo a varios vagones. El saldo fue devastador: 14 personas fallecidas y cientos de pasajeros lesionados, algunos de gravedad.
La tragedia encendió de inmediato las alertas sobre la realidad del sistema ferroviario mexicano. Se trataba de una obra recién inaugurada, presentada como símbolo de modernización, integración regional y desarrollo económico. Sin embargo, el accidente evidenció que algo había fallado. La pregunta fue inevitable: ¿qué salió mal?
Mientras avanzaban las investigaciones, el caso quedó atrapado en un clima de confrontación política. Las carpetas de investigación comenzaron a abrirse en medio de señalamientos cruzados, acusaciones públicas y una narrativa oficial que buscó, desde el primer momento, contener el daño político.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió pronto a fijar postura. Exoneró a las empresas constructoras y defendió la obra, a pesar de que en las labores de supervisión estuvo involucrado directamente un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El Tren Interoceánico, uno de los proyectos más simbólicos del sexenio anterior, enfrentaba su primer gran cuestionamiento público tras un accidente de enormes dimensiones.
El 27 de enero de 2026, la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer los primeros resultados de los peritajes oficiales. La conclusión fue contundente y polémica: la responsabilidad recae exclusivamente en la tripulación y el conductor del tren, quienes —según la Fiscalía— circulaban a exceso de velocidad.
Para la autoridad, la infraestructura es “intachable”. La ingeniería, perfecta. No hubo fallas de diseño, ni errores de construcción, ni omisiones en la supervisión. Nadie más es culpable.
