La tormenta política de Trump: Minneapolis

Agentes federales del ICE (Immigration and Customs Enforcement) asesinaron a dos civiles en el estado de Minnesota. Las muertes de Reneé Good y Alex Pretti provocaron una ola de indignación en la ciudad de Minneapolis. De inmediato se desataron protestas y manifestaciones contra la agencia federal —creada en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre, con el objetivo de controlar el ingreso de extranjeros al país— y contra la administración de Donald Trump, cuya política migratoria ha sido señalada como inhumana e incluso inconstitucional.

Las calles se llenaron de ciudadanos estadounidenses que exigen el cese de los asesinatos y de la violencia ejercida por los agentes federales. Meses atrás, en California, la tensión entre el Servicio de Inmigración y la población derivó en protestas masivas que escalaron a un conflicto político entre el gobernador Gavin Newsom y el presidente Trump.

Ahora, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, enfrenta una encrucijada similar. Ha exigido al gobierno federal el retiro de los agentes migratorios y acusa a Donald Trump de haber provocado una crisis tras el asesinato de dos ciudadanos en su estado.

La disputa social y política ha escalado a tal nivel que el presidente de Estados Unidos se vio obligado a rediseñar su estrategia en Minnesota. Solicitó la retirada del comandante estatal del ICE —señalado por su excesiva agresividad— y anunció la llegada del llamado zar de la frontera, Tom Homan, con el objetivo de entablar un diálogo con el gobierno estatal.

Autoridades locales y miles de ciudadanos demandan que se investigue a los agentes federales responsables del asesinato del enfermero Alex Pretti, de 37 años, a quien la administración Trump acusó de terrorismo doméstico, así como de Reneé Good, madre de 37 años cuya muerte detonó las protestas hace casi tres semanas y a quien el gobierno federal calificó como una activista radical de izquierda.

Ante el aumento de las manifestaciones, las recientes decisiones sugieren que Trump estaría dispuesto a modificar su estrategia para evitar una escalada mayor del conflicto. Mientras tanto, el gobierno estatal y miles de ciudadanos continúan exigiendo justicia por lo que consideran dos asesinatos arbitrarios de civiles inocentes.