En menos de cinco meses de funciones, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha visto envuelta en la polémica, no por sus resoluciones jurídicas, sino por gastos millonarios que han generado críticas en la opinión pública.
Entre las adquisiciones más cuestionadas está la compra de nueve camionetas blindadas para uso de los ministros, con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos cada una, lo que representó un gasto superior a los 21 millones de pesos. Tras el señalamiento público, el presidente de la Corte informó que los vehículos no serán utilizados y se dará a conocer su destino final.
A ello se suma el costo de la ceremonia de toma de protesta, realizada con rituales simbólicos en el Zócalo capitalino, la cual tuvo un costo superior a 1.2 millones de pesos, de acuerdo con información oficial.
También salió a la luz la compra de togas nuevas para los ministros, por un monto cercano a los 300 mil pesos, mediante adjudicación directa, lo que avivó el debate sobre la coherencia entre el discurso de austeridad y las decisiones administrativas del máximo tribunal.
Especialistas en rendición de cuentas advierten que estos gastos afectan la credibilidad del Poder Judicial, especialmente en un contexto de exigencia ciudadana de mayor transparencia y uso responsable de los recursos públicos.
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